Las tarifas que pagan los usuarios no cubren el costo de la compleja operación de recolección
La única ley rescatable del paquetazo socialista legislativo aprobado a la carrera por la extinta Asamblea Nacional es la Ley de Gestión Integral de Basura. Sin duda, ha sido redactada por expertos conocedores del tema a profundidad, aun cuando luego pareciera que algunas manos revolucionarias le añadieron al proyecto original una serie de conceptos, figuras y términos del chavismo, para hacerla así potable ante los diputados que la aprobarían y ante el propio Presidente, quien finalmente habría de promulgarla.
Entre tantas leyes centralizadoras, que violan las competencias constitucionalmente asignadas a alcaldías y gobernaciones, que suprimen recursos y crean entidades político-territoriales inconstitucionales para controlarlo todo, esta ley había pasado por debajo de la mesa sin pena ni gloria.
Resulta que el problema de la basura es un problema grave que no puede ser enfrentado con medidas espasmódicas y mediante operativos temporales que logran un día de limpieza y cien días de suciedad. Este problema requiere que se involucren todos los actores: autoridades locales, empresas concesionarias, gobiernos regionales, Gobierno Nacional y los ciudadanos.
En nuestro municipio Baruta logramos en dos años revertir la crisis que estaba afectando a toda la ciudad. Durante los primeros meses de gestión estábamos en franca emergencia: no había regularidad en el cumplimiento de los horarios de recolección, la flota de camiones era insuficiente (y estaba muy deteriorada) y la ruta que a diario tiene que recorrer cada camión para descargar resultaba larga en demasía. Es importante saber que las tarifas que pagan los usuarios, reguladas por el Gobierno Nacional, no cubren el costo de la compleja operación de recolección. Hoy, apenas dos años después, los baruteños contamos con el sistema de recolección más eficiente de la ciudad. Pero aún no estamos conformes. Hay mucho por hacer.
Muchas de las limitaciones estaban justamente en regulaciones legales que impedían mejorar el sistema de recolección. Cuando un servicio que no funcionaba comienza a funcionar, los ciudadanos lo dan por un hecho cumplido y giran su atención y reclamos a otro servicio. Allí es donde el ciudadano debe involucrarse más, porque cualquier sistema de recolección de basura urbano sigue siendo muy frágil si los ciudadanos no ponen de su parte todos los días para que el servicio cada vez sea mejor. La inversión que ha realizado el municipio en la adquisición de nuevas unidades ha sido cuantiosa, aun en años de crisis económica. De apenas 12 unidades operativas pasamos a tener hoy más de 70 de diversos tamaños y para diversos requerimientos. De unidades que prestaban servicio día y noche, sin tener tiempo para mantenimiento y reparación de las mismas, hoy la flota existente permite que las unidades trabajen sólo un turno al día y durante el otro reciban el adecuado mantenimiento.
La prueba máxima la tuvimos durante la intensa temporada de lluvias. Mientras en otros municipios se alegaba que no se podía retirar la basura por las lluvias, en Baruta, aun con deslizamientos y bajo intensos aguaceros, no se produjo crisis de recolección en ningún sector. Cuanto mucho hubo algún retardo de máximo uno o dos días, generados por problemas en el relleno sanitario de La Bonanza, que no permitía la descarga de los camiones recolectores por las lagunas que se formaban. Otra prueba la constituyó diciembre, mes cuando las toneladas de basura se duplican. A excepción de los retrasos naturales producidos por el descanso laboral de trabajadores los días 25 de diciembre y 1 de enero, la mayoría de los vecinos atendieron el llamado de no sacar la basura esos días y la situación de ese retraso se superó en dos días sin inconvenientes.
La siguiente etapa estará marcada por la concientización del ciudadano hacia el reciclaje, que está premiado en la nueva ley. Políticas de incentivos y sinceración tarifaria (quien más produzca basura debe pagar más). La instrumentación de minicentros de compactación y transbordo móviles y fijos (no a cielo abierto) como lo ordena la ley. Tasas especiales para servicios especiales, tales como desechos médico-quirúrgicos o recolección de escombros, multas considerables para quienes no cumplan con las disposiciones legales, adecuación de la ordenanza municipal al nuevo marco legal y el exigir el cumplimiento de los horarios establecidos para sacar la basura. Todavía hay mucho por hacer, pero ya hemos avanzado en el camino correcto. La disposición final, que es competencia de gobernaciones y del Gobierno Nacional, también debe evolucionar hacia plantas de tratamiento modernas, no contaminantes del ambiente. En ello es menester invertir
Alumna Andrea Ruiz
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